Este artículo ha sido escrito por Karsten Junius, economista jefe en J. Safra Sarasin Sustainable AM
Tanto al BCE como a su presidenta les han llovido las críticas en los últimos años. Pero los temores de que la elevada deuda pública impidiera luchar eficazmente contra la inflación se han demostrado que fueron exagerados, gracias al estilo de liderazgo orientado al consenso de la presidenta del BCE y a los sorprendentes buenos resultados de la periferia europea.
Christine Lagarde ha sido criticada como nunca lo había sido un presidente del BCE, por su comunicación con los mercados financieros, su falta de formación económica y su atención a cuestiones como el cambio climático, la promoción de la mujer y el euro digital. Casi ninguno de sus críticos esperaba que el BCE subiera los tipos de interés oficiales en 3,75 puntos porcentuales y redujera su balance en más de un billón de euros en 12 meses. La mayoría de los euroescépticos esperaban que el organismo tuviera las manos atadas por el elevado nivel de deuda pública de la periferia del euro. En lugar de controlar la inflación, esperaban que la política monetaria fuera dictada por el denominado dominio fiscal, ya que las grandes subidas de tipos o la reducción de las carteras de deuda pública en manos del banco central golpearían duramente a estos países altamente endeudados.
Con las decisiones de este mes sobre los tipos de interés, es obvio que estas preocupaciones eran exageradas. Lagarde no deja lugar a dudas sobre su ambición de volver a situar las tasas de inflación en el objetivo del BCE lo antes posible. También está claro que este es el consenso del Consejo de Gobierno del BCE, pues ninguno de sus miembros consideró esta vez dejar los tipos sin cambios. Probablemente se deba a una combinación de sus instintos políticos y a la positiva evolución de la periferia europea que los miembros del Consejo se hayan alineado.
La presidenta del BCE ya había utilizado sus habilidades políticas para apaciguar una posible crisis en 2020. En aquel momento, el Tribunal Constitucional alemán había dictaminado que las compras masivas de deuda pública por parte del banco central eran inconstitucionales, sin evaluar también sus efectos adversos. Ya nadie habla de ello después de que el BCE ajustara ligeramente su comunicación. La astucia política de Christine Lagarde parece haberle ayudado también en la crisis actual. Entendió desde el principio que el choque inflacionista era un problema social masivo, mientras que las consideraciones sobre el mercado laboral tendrían que tener una importancia secundaria. Aun así, lograr un consenso en el Consejo de Gobierno sobre la necesidad de frenar totalmente el estímulo monetario es un gran logro político. La mayoría de sus predecesores ni siquiera lo intentaron.
También hay que reconocer que el entorno político era favorable. El nuevo Gobierno italiano ha colaborado con Bruselas de forma más discreta y constructiva de lo que su campaña electoral hacía temer. Lo mismo puede decirse del Gobierno griego, que ya lleva tres años y medio en el poder. Es probable que también haya ayudado el anuncio del BCE el verano pasado de que intervendría en el mercado de bonos en caso de subidas injustificadas de los tipos de interés mediante el Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI por sus siglas en inglés), creado especialmente.
Asimismo, la evolución económica ha contribuido a la fuerte resistencia de la periferia: sus tasas de desempleo están ahora en sus niveles más bajos en varias décadas. Desde el comienzo de la pandemia, sus economías han crecido con más fuerza que el conjunto de la eurozona. Como la inflación también era muy alta, el PIB nominal ha aumentado considerablemente, de modo que los ratios de deuda pública en relación con el PIB han disminuido: sólo el año pasado, un 23,3% en Grecia y un 5% en España. Además, en comparación con las regiones supuestamente más estables del norte, los cuatro países se han beneficiado del hecho de que sus ratios de deuda del sector privado son inferiores a la media de la eurozona. Como resultado, la deuda total combinada de los hogares, el sector empresarial y el gobierno es también menor en los cuatro países periféricos. Esto se traduce en una menor vulnerabilidad a los tipos de interés más altos de lo que sugeriría su deuda pública por sí sola.
La actual armonía en el Consejo de Gobierno no significa que no vayan a surgir conflictos en el futuro. Unos tipos de interés más altos encarecerán el servicio de la deuda, limitando así el espacio fiscal y debilitando al mismo tiempo la actividad del sector privado. Hasta ahora, sin embargo, es justo decir que el predominio fiscal temido por muchos comentaristas no se ha materializado y que el BCE se mantiene inflexible en su lucha contra las elevadas tasas de inflación. Sin duda, no hay que seguir restando importancia al papel desempeñado por Lagarde como presidenta del BCE.
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