Cumplir el objetivo de gasto en defensa del 3% del PIB propuesto por la OTAN aumentaría los déficits presupuestarios nacionales y la deuda de la UE, al tiempo que debilitaría los perfiles crediticios soberanos, a menos que los Estados miembros recorten otros gastos, suban los impuestos o acuerden una financiación conjunta de la defensa.

Los Estados de la UE miembros de la OTAN tendrían que destinar, por término medio, un 0.8% adicional del PIB cada año para hacer frente a un aumento del gasto en defensa hasta el 3% del PIB desde el objetivo actual de la OTAN del 2%. Sin embargo, el impacto presupuestario en relación con los ingresos varía mucho de un país a otro. 

España se enfrenta al mayor impacto presupuestario, en torno al 8.8% de los ingresos del gobierno central, seguida de Alemania y Bélgica, ambos cercanos al 7%. La posición de España y Bélgica refleja su relativamente pequeño presupuesto militar, que se sitúa en torno al 1.3% del PIB.

Sin embargo, una vez agotado el fondo especial de gastos de defensa de Alemania, de 100.000 millones de euros, a finales de 2026, su déficit presupuestario sería el mayor de los Estados miembros de la UE, con alrededor del 13.8% de los ingresos del Gobierno central. Esta cifra contrasta con el impacto presupuestario de Italia y Francia, que se sitúa en torno al 5%. 

En términos absolutos, el déficit de gasto en defensa de Alemania también sería el mayor, situándose en torno a los 40.600 millones de dólares en 2025 y 2026, pero casi 83.000 millones a partir de 2027, más del doble que el de Italia (35.000 millones), Francia (29.000 millones) y España (28.500 millones). 

Cumplir el objetivo del 3% exigiría destinar a defensa más de una cuarta parte del presupuesto alemán. Reducir sustancialmente el gasto en otros ámbitos o aumentar los impuestos parece muy poco probable. Por lo tanto, es posible que el Gobierno entrante tenga que recurrir a fondos especiales renovados, cuya aprobación requeriría una mayoría parlamentaria de dos tercios.

Gráfico 1: Estimación del esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar el objetivo de gasto en defensa del 3% del PIB en miles de millones de USD (izda.), % de los ingresos de la Administración central (CA), excluidos los fondos de la seguridad social (dcha.)


Nota: La barra y el punto naranja reflejan el impacto presupuestario final estimado una vez expiren los fondos excepcionales de Alemania.

Fuente: OTAN, FMI, Scope Ratings

El aumento de los gastos de defensa debilitará las métricas fiscales, incluso si se suavizan las normas fiscales de la UE

Alemania, sin embargo, es uno de los pocos Estados miembros fiscalmente capaces de absorber el impacto previsto de los gastos de defensa.

Otros países soberanos que ya cumplen el objetivo ajustado son Grecia, Polonia y los Estados bálticos, mientras que algunos países disponen de margen fiscal, como Portugal y los Estados miembros con rating AAA. 

Por el contrario, el aumento de los gastos de defensa podría dar lugar a procedimientos de déficit excesivo (PDE) en varios países que ya son incapaces de reducir su déficit presupuestario por debajo del 3% en los próximos años.

Gráfico 2: Déficit global de referencia para 2025 y ajuste suponiendo un objetivo de la OTAN del 3% % del PIB


Fuente: OTAN, FMI, Scope Ratings  

Nota: Los países que ya están sometidos a un PDE son Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Algunas de las estimaciones mostradas son probablemente demasiado grandes, ya que las previsiones fiscales para 2025 ya incorporan supuestos de cierto aumento del gasto militar. 

La carga presupuestaria adicional aumentaría significativamente el obstáculo para la consolidación de varios países que ya están en PDE, como Francia, Bélgica e Italia. El esfuerzo presupuestario, si se lleva a cabo, también aumentaría la probabilidad de que otros países entren en PDE, como Eslovenia y España.  

Permitir una mayor flexibilidad en las normas fiscales de la UE reduciría la probabilidad de PDE y potencialmente mitigaría el estigma entre algunos participantes en el mercado.  

Sin embargo, desde la perspectiva de la calificación crediticia, cualquier evaluación va más allá del cumplimiento de las normas fiscales. Nos centramos en la orientación fiscal más amplia del país y, por tanto, en los saldos presupuestarios, la sostenibilidad de los pagos de intereses y las trayectorias de la deuda a medio plazo.  

En la mayoría de los países de la UE, un mayor gasto en defensa conllevaría un aumento del endeudamiento y un deterioro de las trayectorias de la deuda en relación con el PIB y, por tanto, un debilitamiento de los perfiles crediticios soberanos, a menos que los gobiernos reduzcan el gasto en otros ámbitos o aumenten los ingresos. 

Financiación de la defensa y la seguridad en la UE  

Dado el limitado espacio fiscal entre varios Estados miembros de la UE, y el reto que supone para Alemania enfrentarse con diferencia al mayor impacto presupuestario a la hora de cumplir un objetivo revisado de gasto en defensa a partir de 2027, la financiación de la seguridad, la defensa y la reconstrucción de Ucrania podría trasladarse cada vez más al ámbito europeo. Esto implicaría muy probablemente a la UE y/o a otras instituciones supranacionales con calificación AAA, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)*.  

La centralización de la financiación de la seguridad y la defensa de la UE podría proporcionar una financiación más sostenible y coordinada entre los Estados miembros, al tiempo que crearía economías de escala en las adquisiciones de defensa y seguridad. Esta medida supondría un importante paso político hacia una mayor integración europea. Además, dependiendo del diseño del instrumento financiero, también podría contribuir a un aumento permanente de la oferta de activos seguros europeos, reforzando la estabilidad financiera en toda la región.  

A medida que EE.UU. reevalúa su papel en la alianza militar, la presión al alza sobre el gasto en defensa en Europa es uno de los cuatro principales riesgos para las perspectivas crediticias soberanas de la región, a menos que los gobiernos europeos encuentren un terreno común y lleven a cabo reformas audaces. 

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