Cómo reanudar el ajuste fiscal después del 28A

Eurostat acaba de confirmar que España cerró 2018 con un déficit público del 2,5% del PIB, seis décimas menos que en 2017. Que el déficit se reduzca en un momento de crecimiento como el actual es una buena noticia, sobre todo porque necesitamos ganar cuanto antes margen fiscal con el que hacer frente a situaciones económicas menos favorables en el futuro.

Las percepciones sociales y las narrativas son muy importantes. En muchas ocasiones, particularmente en periodos electorales como el actual, más que los propios datos. La información fiscal es difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos. La evidencia es casi siempre interpretada bajo sesgos individuales o de líderes políticos y de opinión, con muchos juicios de valor. Los adjetivos terminan valiendo más que los propios números.

Para una parte importante de la opinión pública en España este es el caso del ajuste fiscal. La reducción del déficit del 11,1% al 2,5% del PIB en 9 años ha llegado a ser calificada como un austericidio, un ajuste brutal conseguido mediante una reducción del gasto público sin precedentes, que ha desmantelado un estado del bienestar financiado con impuestos insuficientes y poco o nada progresivos.

Más allá de las preferencias individuales y de las narrativas, y de que todo es susceptible de hacerse mejor ¿qué nos dicen realmente los datos? Podemos resumir la evidencia de los diez puntos siguientes.

Primero, el ajuste fiscal no fue ni un castigo gratuito ni voluntariamente autoinflingido. Fue el resultado de tensiones en las condiciones de financiación ante las dudas de sostenibilidad de la deuda pública y de ruptura del euro. A principios de 2012 mientras el coste de la deuda pública a 10 años en Alemania disminuía hacia niveles cercanos al 1%, en nuestro país aumentaba hasta cerca del 7%. España hizo todo lo posible por retrasar y reducir al máximo el ajuste fiscal, al límite de lo permitido por los mercados y con una ayuda financiera del resto de países de la eurozona para rescatar a buena parte de las cajas de ahorro.

Segundo, entre 2011 y 2012 el ajuste fiscal sólo revirtió una parte del aumento del gasto que se produjo en 2008 y 2009. En 2018 el gasto público per cápita en términos reales (es decir, descontado el crecimiento de los precios) fue un 8,4% superior al de 2007.

Tercero, este crecimiento del gasto público per cápita en términos reales entre 2007 y 2018 se observa también en las principales partidas en las que se sustenta el estado del bienestar. Para el conjunto del sistema, entre diciembre de 2007 y noviembre de 2018 la pensión media ha aumentado un 23,1% en términos reales. El gasto público corriente en educación (sobre la población de 6 a 24 años) y en sanidad per cápita en 2017(último año disponible) superaba ya en un 8% el nivel de 2007.

Cuarto, dejando a un lado la inversión pública (todavía por debajo de los niveles precrisis) y los intereses de la deuda pública, el gasto corriente per cápita en términos reales en 2018 ha sido un 15% superior al de 2007, por encima del aumento del promedio de la UE (11%) o EE.UU. (13%), de acuerdo con la última información disponible de la Comisión Europea.

Quinto, el déficit público anual se ha reducido desde 2.677 euros per cápita de 2009 hasta 643 en 2018. El aumento de los ingresos públicos, desde 8.626 euros per cápita de 2009 hasta los 10.038 euros de 2018, explica más del 83% de esta reducción del déficit.

 

Descárgate el informe completo

El presente documento ha sido elaborado por el Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por cuenta propia y de sus sociedades asociadas (cada una de ellas del Grupo BBVA) para su distribución en Estados Unidos y en el resto del mundo, y se ofrece a título meramente informativo. La información, opiniones, estimaciones y pronósticos aquí contenidos se refieren a esa fecha específica y están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las fluctuaciones del mercado. La información, opiniones, estimaciones y pronósticos contenidos en este documento han sido recopilados u obtenidos de fuentes públicas que la Compañía considera correctas en cuanto a su exactitud, integridad y/o exactitud. Este documento no es una oferta de venta ni una solicitud de adquisición o enajenación de una participación en valores.