Los resultados de las elecciones locales celebradas hoy en Reino Unido (rating AA/Estable) podrían debilitar aún más la posición del primer ministro Keir Starmer y del Partido Laborista en el gobierno, reduciendo la probabilidad de que se implementen medidas de consolidación fiscal y reformas.
La fragmentación política y el auge de los partidos nacionalistas, con los laboristas previsiblemente perdiendo terreno de forma significativa en la votación, según las encuestas, no son fenómenos nuevos, sino el reflejo de un descontento social persistente derivado de errores políticos, del alejamiento del Labour respecto a sus promesas electorales y de una serie de escándalos políticos.
A la vista de las medidas incluidas en los últimos Autumn Budget y Spring Statement, Reino Unido sigue siendo uno de los pocos países europeos con probabilidades de alcanzar un superávit primario en los próximos años gracias a una mayor flexibilidad presupuestaria y a la mayoría parlamentaria del Labour.
Sin embargo, para pasar de un déficit primario del 2.8% del PIB en 2025 a una situación de equilibrio o incluso superávit en 2029-2030, serán necesarias subidas de impuestos y recortes del gasto impopulares, en un contexto de presión al alza sobre la inflación (3.4% interanual en marzo) y una tasa de desempleo del 4.9%.
La prolongación de las tensiones en Oriente Medio incrementa aún más la incertidumbre sobre la posibilidad de mantener ajustes presupuestarios de forma sostenida, dada la creciente demanda de apoyo estatal por parte de hogares y empresas para hacer frente al aumento de las facturas energéticas.
El Gobierno laborista se enfrenta así a dos opciones: retrasar las subidas de impuestos y arriesgarse a incumplir unos objetivos fiscales sometidos a un intenso escrutinio, o mantenerse firme en la consolidación fiscal a costa de seguir perdiendo capital político de cara a las elecciones generales previstas para 2029.
Los gilts cotizan cerca de máximos históricos (casi un 5% en el bono a 10 años), reflejo de la dificultad de los equilibrios políticos necesarios y de la probabilidad de que el Banco de Inglaterra vuelva a subir los tipos de interés más adelante este año, mientras la inflación siga por encima de su objetivo del 2% a medio plazo.
A corto plazo, la refinanciación de la deuda pública sigue respaldada por el estatus de la libra esterlina como moneda de reserva, la larga vida media de la cartera de gilts (más de 13 años), las importantes tenencias del Banco de Inglaterra (casi el 20%) y una base inversora bien diversificada.
No obstante, la proporción relativamente elevada de gilts ligados a la inflación (25% de la deuda pública total) y la creciente presencia de inversores no residentes en este mercado, incluidas instituciones financieras no bancarias altamente apalancadas, podrían intensificar la volatilidad financiera. Esta situación podría verse agravada por el plan del Gobierno de aumentar la financiación a más corto plazo mediante una mayor profundización del mercado de letras del Tesoro.
Unos costes de financiación persistentemente más elevados ampliarían el diferencial desfavorable respecto al crecimiento real del PIB, previsto en el 0.9% para 2026 frente al 1.3% estimado para 2025, y lastrarían la evolución de la ratio deuda/PIB del Reino Unido. En ausencia de ajustes presupuestarios eficaces, prevemos que la deuda pública británica aumente hasta situarse en torno al 110 % del PIB en 2030, frente al 102.3% estimado para 2025.
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