Cuando la economía española se estaba recuperando todavía de los efectos de la Gran Recesión, la crisis de la COVID-19 ha golpeado dramáticamente a su mercado de trabajo. En el cuarto trimestre de 2019, la tasa de desempleo era del 13,8% y la afiliación a la Seguridad Social alcanzaba 19,4 millones de cotizantes. Dos trimestres más tarde, la tasa de desempleo aumentó hasta el 15,3%, algo más de un millón de ocupados pasó a la inactividad, 3,4 millones llegaron a estar protegidos por un ERTE, y la afiliación alcanzó un mínimo de 18,4 millones de afiliados a principios de abril.

La recuperación ha permitido reactivar significativamente el mercado de trabajo, aunque de manera incompleta. El número de trabajadores en ERTE de fuerza mayor se ha reducido a algo más de 600.000 personas y la afiliación en agosto se recuperó hasta cerca de los 18,8 millones de afiliados. Corregida la estacionalidad y el efecto calendario, las estimaciones de BBVA Research indican que desde junio se habrían recuperado en torno a un 37% de los afiliados perdidos entre marzo y mayo.

Sin duda, los ERTE, cuyo uso se flexibilizó con las reformas de 2010 y 2012, han sido un mecanismo muy eficaz para evitar una mayor destrucción de empleo. La evidencia de pasadas recesiones indica que por cada punto de caída del PIB se destruía casi 1,1 puntos de empleo. En claro contraste con las crisis anteriores, durante la crisis sanitaria el PIB ha caído en el primer semestre un 22,7% respecto al cuarto trimestre de 2019, mientras que los ocupados en la Contabilidad Nacional lo hacían un 8,4% y la afiliación disminuyó incluso a una tasa menor entre diciembre y junio (4,5%). Por primera vez, el ajuste se ha hecho fundamentalmente a través de una reducción del número de horas trabajadas en lugar de la destrucción habitual del empleo, en un intento de proteger el tejido productivo de una pérdida innecesaria de puestos de trabajo. Sin embargo, y a pesar de la mejora respecto a recesiones anteriores, España ha tenido el peor comportamiento del mercado de trabajo durante esta crisis entre los países europeos.

A corto plazo, la recuperación del empleo en los próximos trimestres pasa por el control efectivo de la pandemia y la extensión de los ERTE con algunas modificaciones y mejoras, tal y como propone un reciente informe de FEDEA en su estrategia de reactivación y crecimiento tras las crisis de la COVID-19. Mientras no dispongamos de una vacuna o de tratamientos efectivos, hay que evitar rebrotes que den lugar a nuevas medidas de confinamiento y restricciones a la actividad económica para evitar un colapso del sistema sanitario. Si esto ocurriera, la ya maltrecha situación de algunas empresas se vería definitivamente comprometida, lo que detendría la recuperación y exacerbaría otra vez la destrucción de empleo. Los datos de gasto en tarjetas de BBVA muestran claramente que la recuperación del consumo se ralentizó con los rebrotes. Por su parte, en la medida que algunos sectores van a tener una recuperación mucho más lenta e incompleta hasta que no se resuelva el problema sanitario, habrá que extender y adaptar los ERTE de manera selectiva a las circunstancias de cada uno de ellos. El reto es facilitar la supervivencia de empresas viables a medio y largo plazo y reanudar su actividad productiva cuando sea posible. Y antes de permitir la supervivencia de empresas inviables, incluso cuando pase la pandemia, es necesario facilitar una rápida reasignación de empleo y factores productivos a las empresas y sectores más dinámicos y en condiciones de crecer. Además, mientras los trabajadores estén en un ERTE o desempleados, es necesario aprovechar este tiempo para mejorar su cualificación. Cuando concurran circunstancias objetivas, hay que derogar la rigidez que supone la prohibición de despedir y la condición de mantener el empleo durante seis meses, para así no poner en peligro la supervivencia misma de algunas empresas y con ello la mayor parte de su empleo.

Pero la sociedad española no debería conformarse sólo con volver a la situación previa a la crisis. España tiene ahora una oportunidad histórica de maximizar el impacto del Plan de Recuperación NGEU que la Unión Europea ha puesto en marcha y resolver algunos de los problemas crónicos de las últimas décadas. Desde 1980 hasta 2019, su tasa de desempleo promedio ha sido del 16,9% y la tasa de temporalidad del 29.1%. España no puede permitirse esta inaceptable ineficiencia económica con un coste social tan elevado, que es una de las principales causas de la desigualdad y que tanto perjudica a nuestras finanzas públicas.

En los próximos tres años, España puede tener acceso a subvenciones directas de la UE equivalentes a 5,8 puntos porcentuales del PIB. Para conseguir maximizar su impacto y duración, además de utilizar estos fondos en medidas que aumenten el crecimiento potencial, la productividad y el empleo, es necesario acompañar este gasto con reformas que potencien aún más sus efectos a corto y largo plazo. En el caso concreto del mercado de trabajo, tuve la oportunidad de exponer en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica las reformas que considero necesarias. La ineficiencia y la falta de equidad del mercado de trabajo español en relación con los países del centro y norte de Europa se explica por unas regulaciones laborales, barreras y cargas que suponen un lastre dada la capacidad productiva de muchas empresas y trabajadores, generan un desempleo estructural muy elevado, una temporalidad excesiva y desigualdad entre regiones. Frente a la flexiseguridad de los mercados de trabajo de muchos países europeos, España se caracteriza por su flexirigidez.

Para conseguir un mercado de trabajo más eficiente y equitativo, muchas de las medidas necesarias que desde BBVA Research llevamos años defendiendo están en línea con las recomendaciones específicas del Consejo Europeo o las que acaba de proponer FEDEA. España debe reducir la temporalidad en el mercado de trabajo (particularmente, en el sector público, que es más elevada que en el sector privado), aumentar la eficiencia de las políticas activas, la cualificación y la flexibilidad interna (salarial, tecnológica y organizativa) de manera pactada entre los agentes sociales, mejorar el proceso de intermediación entre vacantes y desempleados (mediante inteligencia artificial aplicada a datos masivos), promover el emprendimiento, la digitalización y la inversión en investigación y desarrollo del sector privado, y ayudar a las empresas a crecer y a mejorar su competitividad, entre otras.

España tiene la oportunidad histórica de reducir algunas de las debilidades crónicas de nuestro mercado de trabajo con ayuda de la UE, no sólo con el Fondo de Recuperación sino también con las mejores prácticas que muchas de sus sociedades llevan décadas aplicando con tan buenos resultados en términos de empleo, productividad y equidad.

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El presente documento ha sido elaborado por el Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por cuenta propia y de sus sociedades asociadas (cada una de ellas del Grupo BBVA) para su distribución en Estados Unidos y en el resto del mundo, y se ofrece a título meramente informativo. La información, opiniones, estimaciones y pronósticos aquí contenidos se refieren a esa fecha específica y están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las fluctuaciones del mercado. La información, opiniones, estimaciones y pronósticos contenidos en este documento han sido recopilados u obtenidos de fuentes públicas que la Compañía considera correctas en cuanto a su exactitud, integridad y/o exactitud. Este documento no es una oferta de venta ni una solicitud de adquisición o enajenación de una participación en valores.

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