El encarcelamiento de los líderes secesionistas catalanes ha exacerbado las tensiones regionales, con consecuencias políticas potencialmente profundas, aunque el impacto económico a corto plazo de las últimas protestas independentistas será modesto.

En Scope Ratings consideramos que la tensión en torno al futuro político de Cataluña es relevante a la hora de evaluar las perspectivas crediticias para España (A-/Estable) debido a su impacto en la política nacional, más inmediatamente en la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones previstas para el 10 de noviembre. Tras las anteriores elecciones Pedro Sánchez no logró una mayoría ni una coalición viable, en parte debido a la compleja interacción entre los deseos de independencia de Cataluña y la política nacional.

El principal riesgo de la situación de Cataluña es una mayor polarización entre el movimiento secesionista y el resto de España, y una fragmentación cada vez mayor de los partidos políticos. En comparación con los seis meses anteriores, esto podría dificultar aún más el compromiso y la colaboración de los políticos para formar el próximo gobierno de España.

Cataluña vivió nueve noches consecutivas de protestas a principios de este mes -lo que afectó gravemente al transporte y a la producción de algunas fábricas- después de que el Tribunal Supremo condenara a nueve líderes separatistas por sedición al liderar una fallida candidatura a la independencia en 2017. Pero, por ahora, el impacto económico de estos últimos altercados parece modesto, teniendo en cuenta que las protestas más largas en octubre de 2017 costaron a la economía española sólo alrededor del 0,2% del PIB.

Se espera que ni los bloques políticos de izquierda ni los de derecha logren obtener una mayoría parlamentaria después de las elecciones de noviembre, por lo que es probable que el tema divisorio de Cataluña complique aún más la formación del próximo gobierno de España y la formulación y ejecución de políticas relevantes desde un punto de vista crediticio.

El rating de España se ha mantenido limitado en el nivel actual 'A-' precisamente porque no ha surgido un gobierno estable e inclinado a poner en marcha reformas para hacer frente a las vulnerabilidades económicas restantes, incluidos los desequilibrios fiscales, la rigidez del mercado laboral y la relativa baja productividad total de los factores. La ausencia de reformas se hace más crítica ahora que el crecimiento económico se está ralentizando en toda Europa.

La política fiscal de España es un buen ejemplo de ello: mientras que el país salió del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea (CE) el año pasado, registrando un déficit del 2,5%, y está en camino de lograr una nueva reducción del déficit a alrededor del 2,3% del PIB este año, las perspectivas fiscales, especialmente en términos estructurales, son preocupantes, como destaca la respuesta de la CE al plan presupuestario de España. A falta de nuevas medidas, la mejora prevista del saldo estructural, de alrededor del 0,1% del PIB, es inferior al ajuste estructural recomendado del 0,65%. Además, las autoridades prevén un crecimiento nominal de la tasa de gasto público primario neto del 3,8%, que supera con creces el aumento máximo recomendado por la CE del 0,9%.

Una segunda consecuencia de la cuestión no resuelta de la autonomía de Cataluña es cómo se puede avanzar hacia una mayor descentralización negociada, incluyendo una mayor autonomía fiscal y/o política. Dadas las implicaciones para España y las otras regiones, en Scope esperamos que esta negociación se lleve a cabo para todo el Estado español y no sólo para Cataluña. Sin embargo, ante la ausencia de un gobierno, esta importante reforma ha sido aplazada. Las recomendaciones presentadas en julio de 2017 por el comité de expertos encargado de promover la revisión del sistema de financiación regional siguen sin aplicarse.

Esta negociación también es relevante para la situación financiera de Cataluña. Si bien la región cuenta con una economía rica y diversificada y unas finanzas públicas mejoradas, su solvencia crediticia depende del marco fiscal institucional maduro y altamente integrado de España: un mecanismo de apoyo a la liquidez condicional a nivel de todo el sistema que proporciona una financiación favorable por parte del gobierno central y límites de endeudamiento jurídicamente vinculantes para los gobiernos regionales.

Cualquier cambio en el marco institucional que se traduzca en una postura menos solidaria por parte del gobierno central sería negativo para la financiación de Cataluña, dada la elevada deuda pública del gobierno regional, el 80% de la cual está en manos del gobierno central. Del mismo modo, un prolongado estancamiento político a nivel nacional que impidiera las reformas económicas y fiscales iría en detrimento de la calificación de España y también afectaría negativamente al rating de Cataluña.

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