Este artículo ha sido escrito por Alvise Lennkh, responsable de análisis soberano de Scope Ratings

Es poco probable que el Gobierno minoritario dirigido por el PSOE reduzca de forma significativa el déficit estructural y la deuda de España, mientras que la propuesta de derogación parcial de las anteriores reformas del mercado laboral y de las pensiones podría afectar negativamente al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Pedro Sánchez, líder del PSOE, se benefició de la abstención del partido separatista catalán ERC para asegurar su investidura como presidente con una mayoría simple muy ajustada de 167 a 165 votos con 18 abstenciones. Ahora dirigirá el primer Gobierno de coalición de España desde la transición a la democracia en la década de 1970, junto con el partido de izquierda Unidas Podemos.

Este acuerdo de gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria y, por lo tanto, depende del apoyo de otros partidos para sacar adelante cada ley, empezando por los próximos presupuestos generales, que serán cruciales para la calificación crediticia de España (actualmente en A-/Estable).

Hasta el momento, el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, alcanzado antes de la votación parlamentaria del martes, promete seguir una agenda más de izquierdas, pero todavía faltan detalles importantes. Dada la aritmética parlamentaria, tampoco está claro cuánto y en qué medida podrán llevar a cabo el programa acordado.

No obstante, ambas partes han manifestado su compromiso de asegurar la estabilidad fiscal y reducir los niveles de déficit y deuda pública (esta última actualmente se sitúa en torno al 96% del PIB). Sin embargo, no está claro hasta qué punto el nuevo Gobierno mejorará el déficit estructural de España, que sigue siendo el más alto de la zona euro, en torno al 3% del PIB.

En general, es probable que la política se centre en el aumento de los impuestos y el gasto público, en la derogación parcial de elementos importantes de las anteriores reformas del mercado laboral y de las pensiones, así como en la búsqueda de una solución al conflicto no resuelto con Cataluña, que esta coalición clasifica ahora como un asunto político más que judicial.

Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles, el acuerdo establece la intención de aumentar el impuesto sobre la renta para las personas que ganan más de 130.000 euros al año en dos puntos porcentuales, y en cuatro puntos porcentuales para aquellos que ganan más de 300.000 euros, por lo que afectaría aproximadamente al 1% de los contribuyentes. Por otra parte, el impuesto sobre las ganancias de capital también se incrementará en cuatro puntos porcentuales para las rentas que superen los 140.000 euros, hasta el 27% frente al actual 23%, y el impuesto de sociedades tendrá un nuevo mínimo del 15%, mientras que los bancos y las empresas de energía tendrán que pagar el 18%.

Además, el acuerdo promete revocar algunos aspectos de las reformas del mercado laboral del Gobierno anterior y volver a los acuerdos salariales con los sindicatos a nivel sectorial en lugar de a nivel de empresa. Tras un aumento del 22% del salario mínimo de 735 euros a 900 euros (pagados 14 veces al año) en enero de 2019, el acuerdo también prevé un nuevo aumento a unos 1.200 euros, lo que supondría aproximadamente el 60% del salario medio mensual.

Si se aplican estas medidas, es probable que se produzca una mayor rigidez del mercado de trabajo. A corto plazo, un salario mínimo más alto puede dar lugar a un impulso de la demanda interna, a través de un mayor consumo. Sin embargo, existe el riesgo de que, a medio plazo, estos importantes incrementos del salario mínimo no sean proporcionales a las ganancias de productividad de los trabajadores. Como resultado de este desajuste, en algún momento, las empresas, al enfrentarse a costes laborales más elevados, podrían dejar de contratar personal, especialmente cuando la economía se está ralentizando.

Además, no es necesariamente cierto que la limitación de la capacidad de las empresas para contratar trabajadores temporales, como se pretende en el acuerdo propuesto, se traduzca en un mayor número de contratos a tiempo completo. En cambio, existe el riesgo de que las empresas puedan limitar la contratación. En este contexto, tampoco está claro qué medidas activas del mercado laboral se aplicarán para abordar tanto el uso generalizado de los contratos temporales en España, que representan alrededor del 22% de todos los contratos en comparación con la media de la zona euro, que es del 14%, como la elevada tasa de desempleo juvenil, que es más del doble de la media de la eurozona.

Este aspecto del programa de gobierno es importante, ya que la tasa de desempleo se ha estabilizado en la tasa de desempleo estructural en torno al 14%, que es también la más alta de la zona euro.

Por último, Scope también realizará un seguimiento de lo que el nuevo Gobierno tiene previsto hacer en materia de pensiones, con el riesgo de que la sostenibilidad del sistema de pensiones se vea afectada negativamente. En concreto, el acuerdo de coalición propone la eliminación de la actual fórmula que vincula las pensiones con la esperanza de vida y la evolución de la economía española, con derivaciones adversas potencialmente importantes para el gasto futuro en pensiones.

Los próximos presupuestos, las reformas del mercado laboral y de las pensiones, así como la evolución del diálogo con Cataluña, son los principales factores relevantes para la calificación crediticia de España (A-/Estable). Scope prevé revisar el rating de España en marzo.

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