Elecciones EE.UU.: La polarización política, el marco institucional y los desafíos fiscales pesan sobre su rating

Este artículo ha sido escrito por Alvise Lennkh y Thibault Vasse, analistas de rating soberano de Scope Ratings

Los resultados de las elecciones de EE.UU. siguen siendo poco claros, pero una presidencia de Biden y un Congreso dividido parece el resultado más probable. Aun así, el aumento de la polarización política podría afectar a la transición del poder y a la capacidad de la Administración entrante para aplicar políticas económicas y fiscales.

La actual calificación AA/Estable de Estados Unidos refleja la riqueza, competitividad y diversificación de la economía del país, su marco institucional transparente y responsable, así como la condición del dólar como principal divisa de reserva mundial, que permite al país gestionar los déficits fiscales y de cuenta corriente con preocupaciones limitadas de sostenibilidad de la deuda.

A corto plazo, el factor más relevante para la calificación crediticia es la salud del marco institucional transparente y responsable del país, que supone que el resultado de las elecciones se determinará de forma clara e imparcial y, en última instancia, será aceptado por todos los actores políticos.

Si bien es probable que se produzcan batallas legales por los resultados en los estados más disputados, sería negativo para el rating del país si una decisión judicial sobre el resultado - en caso de que sea necesaria para determinar el próximo presidente de EE.UU. - no es aceptada por la parte perdedora. Esto agravaría la política polarizada del país y pondría en tela de juicio fundamentalmente la legitimidad de sus instituciones y procesos democráticos.

A medio plazo, el factor más relevante para su rating son las políticas económicas, fiscales y sociales de la Administración entrante, y la capacidad de aplicarlas dada la probable división del Congreso. Esto supone un riesgo desde una perspectiva crediticia, ya que la calificación de EE.UU. está limitada por dos factores principales. En primer lugar, las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la economía están empeorando; en segundo lugar, la deuda pública es elevada y va en aumento después de las políticas fiscales fuertemente procíclicas llevadas a cabo por la Administración Trump antes de la crisis del Covid-19, además del considerable, aunque adecuado, estímulo fiscal de este año y los importantes pasivos contingentes del Gobierno federal por obligaciones relacionadas con las pensiones y la atención sanitaria.

Si bien la recesión del segundo trimestre fue, con mucho, la más profunda de la historia de la posguerra, el impacto económico de la pandemia de Covid-19 se ve mitigado sustancialmente por los bajos tipos de interés fijados por la Reserva Federal y las políticas de apoyo crediticio a los hogares y las empresas, así como por el paquete fiscal que asciende a 2 billones de dólares (9% del PIB) en gastos directos y 860.000 millones de dólares (4% del PIB) en medidas de apoyo a la liquidez.

Como resultado de estas potentes medidas de política fiscal y monetaria, EE.UU. se encuentran entre los países del G10 cuyas economías experimentarán las menores contracciones económicas en 2020. El FMI estima que el crecimiento real para 2020 será de -4,3%, frente al -9,8% de Reino Unido (AA/Negativo) y Francia (AA/Estable), y el -6,5% de promedio del G10.

Aun así, el potencial de crecimiento de EE.UU. ha ido disminuyendo desde alrededor del 3% de la pasada década a alrededor del 1,9% para los próximos diez años. La próxima Administración necesitará adoptar políticas para aumentar el potencial de crecimiento abordando los resultados sociales preocupantes. Entre ellos se incluye la persistencia de una elevada proporción de la población que depende de los programas federales de alimentación, atención sanitaria, educación y vivienda, el deterioro de la movilidad socioeconómica, el estancamiento de los ingresos de muchos hogares y el aumento de la desigualdad en materia de ingresos y riqueza.

Es probable que estas debilidades estructurales limiten la participación de la fuerza de trabajo, disminuyan la formación de capital humano y supriman la demanda agregada, así como el futuro crecimiento de la productividad, lo que, en última instancia, reducirá las perspectivas de crecimiento del país.

Además, los fundamentos fiscales del país se están deteriorando y seguirán siendo estructuralmente más débiles en los próximos años, ya que el FMI proyecta que la relación entre la deuda pública y el PIB aumentará hasta el 131% en 2020 y seguirá subiendo hasta el 137% en 2025, casi 30 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2019, y unos 15 puntos porcentuales por encima del nivel de Francia o Reino Unido.

El hecho de que el Gobierno no haya aprobado un estímulo fiscal adicional en el período previo a las elecciones, debido a los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre el diseño y los beneficiarios previstos del paquete, pone de relieve cómo la polarización política está impidiendo la adopción de medidas eficaces de política macroeconómica, a pesar de la urgencia que plantea la pandemia de Covid-19.

A corto plazo, es probable que una presidencia de Biden también se enfrente a la resistencia en las negociaciones legislativas de un Congreso probablemente dividido, lo que podría impedir la aplicación oportuna del próximo paquete de estímulos fiscales, reduciendo así su impacto económico positivo.

A largo plazo, la disminución de la capacidad del país para lograr un compromiso político bipartidista suscita dudas sobre su capacidad para formular y aplicar una estrategia de consolidación fiscal una vez que la economía recupere su pleno potencial.

En general, las perspectivas crediticias de EE.UU. dependen de su marco de gobernanza a corto plazo, así como de la capacidad de aplicar políticas eficaces que aborden el crecimiento estructural y los problemas fiscales a medio plazo.