Actualización de la política estadounidense

El presidente Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas en su primera semana en el cargo. La mayoría de las órdenes ejecutivas relacionadas con la política económica llegaron como se esperaba, excepto los aranceles prometidos. Como se esperaba, las medidas sobre inmigración que ha planteado son agresivas. No hubo aranceles el primer día, pero la administración ha adoptado un enfoque metódico para revisar las prácticas comerciales de los principales socios comerciales, similar al de 2017. Los resultados se esperan para el 1 de abril de 2025. Además de China, que no ha cumplido su acuerdo de la Fase Uno de 2020, y los miembros del T-MEC, Canadá y México, aquellos con grandes superávits comerciales con EE. UU., como Vietnam, Alemania, Japón y Corea, siguen siendo vulnerables. Se ha declarado una emergencia energética nacional para apoyar a los sectores del petróleo y el gas y, acabar con la promoción de la energía verde de Biden. Se ha creado el DOGE (Departamento de eficiencia gubernamental, por sus siglas en inglés) pero hasta ahora solo para modernizar el software federal.

Donald Trump ha actuado rápido. La mayoría de las órdenes ejecutivas, con amplios efectos económicos, se produjeron según lo prometido durante la campaña: agresivos controles de inmigración, medidas de apoyo a la perforación de petróleo y gas, un giro en la política de energía verde y el establecimiento del DOGE. Las políticas arancelarias, sin embargo, se determinarán más tarde.

Las órdenes ejecutivas relacionadas con las políticas de inmigración se emitieron como se esperaba. La administración ha invocado una emergencia nacional en la frontera sur, como prometió en la campaña electoral. Otras medidas incluyen: desplegar al ejército para sellar la frontera; cerrar el procesamiento de migrantes y solicitantes de asilo y suspender el acceso al asilo; suspender la admisión de refugiados; ampliar el uso de la expulsión acelerada, un proceso que permite a los funcionarios de inmigración deportar a personas sin acceso a audiencias en los tribunales de inmigración; y reiniciar el programa «Remain in Mexico» o en castellano, permanecer en México. 

En cuanto a la política comercial, los aranceles del primer día, tal y como se amenazó durante la campaña, no se materializaron. Aunque el presidente mencionó públicamente la posibilidad de aumentar los aranceles para Canadá y México al 25% y otro 10% para China antes del 1 de febrero, la orden ejecutiva sobre la política comercial de «America First» optó por un enfoque más metódico. El objetivo es abordar el comercio injusto y desequilibrado y satisfacer las necesidades de seguridad. El gobierno está dispuesto a: investigar los grandes y persistentes déficits comerciales de bienes; examinar e identificar las prácticas comerciales desleales de otros países; examinar y evaluar las políticas y prácticas de los principales socios comerciales con respecto al tipo de cambio bilateral con el dólar estadounidense; y evaluar la exención de minimis libre de derechos de los bienes de menos de 800 dólares. En el caso de Canadá y México, el proceso de consulta pública está previsto que comience para la revisión del USMCA de julio de 2026, lo que implica que es probable que la revisión se adelante (según el calendario original, la consulta pública no debería comenzar hasta octubre de 2025). En el caso de China, el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) tiene la tarea de revisar el Acuerdo Económico y Comercial entre Estados Unidos y China para determinar si China está actuando de acuerdo con el acuerdo. Esto se refiere al acuerdo comercial de la Fase Uno firmado el 15 de enero de 2020 durante la primera administración Trump. La esencia principal del acuerdo es que China importe 200 000 millones de dólares más de bienes y servicios estadounidenses (en comparación con el nivel de 2017). Los últimos datos sugieren que la promesa nunca se ha cumplido. Las relaciones comerciales normales permanentes con China también están sujetas a revisión, lo que implica que la amenaza de aranceles del 60% no ha quedado en el olvido. Con respecto a las cadenas de suministro «China + 1» que han proliferado después de 2018, la elusión a través de terceros países podría dar lugar a posibles modificaciones arancelarias adicionales según sea necesario.

Una vez que se hayan llevado a cabo estas revisiones, se propondrán medidas correctivas, como aranceles suplementarios globales o modificaciones de las normas. Las medidas en caso de que se descubra que China está violando el acuerdo incluyen la imposición de aranceles. Además de China (superávit de 290 000 millones de dólares) y México (superávit de 170,000 millones de dólares), Vietnam, Alemania, Japón y Corea tienen superávits comerciales anuales con EE. UU. superiores a los 50,000 millones de dólares. La eurozona en su conjunto tiene un superávit de 200,000 millones de dólares frente a EE. UU. Estos países siguen siendo vulnerables a los aranceles.

El proceso de revisión, evaluación y corrección a través de aranceles es similar al que se produjo en la anterior administración Trump. A mediados de 2017, el USTR, entonces dirigido por Robert Lighthizer, inició una investigación sobre las acciones de China y descubrió que China había llevado a cabo prácticas comerciales desleales. En 2018, se impusieron aranceles correctivos. La investigación de 2017-18 duró 7 meses. Esta vez, las agencias gubernamentales tienen hasta el 1 de abril. 

Las órdenes ejecutivas relacionadas con la energía tienen como objetivo apoyar al sector petrolero, eliminar la promoción de la energía verde (como el mandato de los vehículos eléctricos) y retirar a EE.UU. de los objetivos climáticos internacionales. Las medidas para el primero incluyen agilizar el proceso de permisos para la inversión en energía. También se reanudarán las solicitudes de permisos de exportación de gas natural licuado (GNL). Los planes de seguimiento sobre este tema incluyen la flexibilización de las normas de emisión y la eliminación de los subsidios relacionados con la energía verde. Se pide una revisión de las regulaciones y políticas existentes para garantizar que todos los documentos estén en consonancia con la nueva dirección. Los planes de acción para realizar estos cambios están programados para comenzar en un plazo de 30 días. Se han revocado muchas órdenes ejecutivas de la era Biden relativas al cambio climático y la energía limpia.

La última de las órdenes ejecutivas de política económica es una orden para establecer una organización temporal, el Departamento de eficiencia gubernamental (DOGE), que durará hasta el 4 de julio de 2026. Según la orden ejecutiva, su labor consiste únicamente en modernizar la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad. Esto no es exactamente para lo que se creó el DOGE, según Elon Musk, que ha prometido recortar el gasto gubernamental innecesario a través del DOGE. En su lugar, este Departamento impulsará una iniciativa de modernización de software para mejorar la calidad y la eficiencia del software, la infraestructura de red y los sistemas de tecnología de la información de todo el gobierno.