Sección 899: ¿Una gran fuente de incertidumbre para los inversores extranjeros?

Empiezan a surgir nuevos detalles de la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) de la administración Trump mientras los mercados digieren y especulan sobre las implicaciones de sus más de 1.000 páginas. Técnicamente un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes hace unos días y ahora está abriéndose camino en el Senado. Algunos de sus puntos principales son:

• Ampliación de la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017, incluyendo tipos impositivos más bajos para empresas y particulares. 
• Recortes del gasto centrados en programas discrecionales no militares, especialmente Medicaid y otros. 
• Nuevas medidas de ingresos que incluyen aranceles y una posible imposición más amplia sobre la renta extranjera (a través de la Sección 899). 
• Formato de reconciliación, que permite su aprobación con una mayoría simple del Senado, evitando el filibusterismo.

Inicialmente, la atención del mercado se centró en la prórroga de la Ley de recortes fiscales y empleo de 2017 (compensada con recortes en programas no militares, como Medicaid), y el impacto neto de estos en las futuras necesidades de financiación del Tesoro estadounidense. Aunque estas preocupaciones persisten, uno de los detalles que ha captado la atención de los inversores es la «Sección 899».

En pocas palabras, en su forma actual, la Sección 899 permitiría al gobierno de EE.UU. imponer impuestos a las empresas extranjeras que operan en EE.UU. si se considera que su país de origen tiene un «sistema fiscal injusto». Entre las partidas incluidas en el ámbito de aplicación de esta disposición figuran no sólo los beneficios empresariales, sino también los intereses, dividendos y ganancias por enajenación de bienes procedentes de ventas. La aplicación se haría gradualmente, y las empresas afectadas verían incrementado su tipo impositivo en un 5% anual durante cuatro años, lo que supondría un aumento fiscal del 20% sobre el tipo del 21% del impuesto de sociedades. 

Las repercusiones podrían ser de gran alcance, pero por el momento hay dos áreas principales de preocupación.

En primer lugar, la Unión Europea (UE), el Reino Unido y muchos otros socios comerciales de EE.UU. entrarían automáticamente en la categoría de «sistema fiscal injusto» como consecuencia del uso que hacen de la regla del beneficio no gravado (UTPR, por sus siglas en inglés), que esencialmente permite a un país aumentar los impuestos sobre una empresa si su sociedad matriz paga menos del impuesto mínimo global propuesto por la OCDE del 15% en otra jurisdicción. Se trata de una característica importante del acuerdo fiscal global de la OCDE, por lo que muchos países de la OCDE la han aplicado o tienen previsto hacerlo. Los países con impuestos sobre los servicios digitales también entran en la categoría de «sistema fiscal injusto», que añade unos cuantos países a la lista. La consecuencia es que, por ejemplo, las entidades de Barclays PLC que desarrollan su actividad en EE.UU. podrían ver duplicado de hecho su tipo del impuesto de sociedades en los próximos cuatro años. El Gobierno estadounidense tendría la facultad de imponer una especie de arancel a las empresas de servicios penalizando la actividad transfronteriza (aunque no se contabilice como importación) en función de las normas de las jurisdicciones extranjeras, lo que llevaría la guerra comercial a un nivel completamente nuevo.

A primera vista, el comercio de servicios es menor que el de bienes. Sin embargo, la contabilidad del PIB no es la más sencilla de las cuestiones. A nuestro entender, y por seguir con el mismo ejemplo, las actividades realizadas por Barclays US Consumer Bank (una entidad estadounidense propiedad de Barclays PLC a través de varias entidades jurídicas) no se contabilizan como importaciones de servicios desde la perspectiva del PIB estadounidense. Barclays US Consumer Bank es una entidad regulada en EE.UU. que presta servicios a ciudadanos estadounidenses, por lo que los servicios que presta se contabilizan como gastos de consumo personal. En virtud de la Sección 899, los beneficios de las operaciones de Barclays en EE.UU. verían en última instancia duplicado su tipo impositivo.

Es difícil estimar el impacto macroeconómico, ya que el comercio de servicios no es una buena guía, pero es justo decir es probable que las consecuencias de la Sección 899 sean significativas. La inversión extranjera directa podría verse afectada, ya que a las empresas extranjeras les resultaría menos atractivo operar en EE.UU. o adquirir empresas estadounidenses para introducirse en el mercado. También prevemos que habría represalias que perjudicarían a las filiales extranjeras de empresas de servicios estadounidenses como JP Morgan y Google en el resto del mundo.

El segundo motivo de preocupación es que el artículo 899 se aplicaría no sólo a las empresas, sino también a los particulares, a las entidades controladas por el Estado, como los fondos soberanos y los fondos de pensiones, y a las empresas colectivas. En teoría, un ciudadano británico o un fondo de pensiones con sede en el Reino Unido que compre bonos del Tesoro estadounidense (UST) podría estar sujeto a las mismas normas que las empresas mencionadas en el párrafo anterior. En la actualidad, la razón por la que estos inversores no tienen que pagar impuestos sobre sus cupones UST es que determinados tipos de ingresos están excluidos de una retención a cuenta del 30% que se aplica a los ingresos pasivos procedentes de activos propiedad de personas no estadounidenses. Los cupones de UST y de bonos corporativos simples son ejemplos de fuentes de ingresos que están excluidas, mientras que los cupones de acciones preferentes son un ejemplo de ingresos pasivos que no están sujetos a esta exclusión; no es de extrañar que los inversores extranjeros tiendan a ser felices poseedores de UST y bonos corporativos simples, mientras que son muy pocos los que poseerían acciones preferentes.

Hay una nota a pie de página (nº 1533) en la OBBBA que parece indicar que los nuevos impuestos no se aplicarían a las fuentes de ingresos que ya están exentas del pago de un impuesto determinado, como sería el caso de los UST y los bonos corporativos. Aunque no es ni mucho menos la hipótesis de base de nadie que el gobierno de EE.UU. imponga impuestos a los extranjeros que posean UST, la lista de cosas que no eran la hipótesis de base de nadie y que se han convertido en la hipótesis de base en 2025 es bastante larga. Por el momento, existe cierto nerviosismo que probablemente no desaparecerá hasta que la OBBBA se convierta en ley, aunque se espera que en la práctica la Sección 899 sólo afecte a las empresas y no a los titulares de UST.

Las consecuencias de la OBBBA seguirán creando titulares al menos hasta que se apruebe en el Senado, con o sin cambios. El riesgo es que la falta de claridad socave aún más la confianza en la previsibilidad de la política estadounidense y disuada la inversión extranjera. Más allá de las consecuencias directas, que sólo se conocerán una vez finalizado el proyecto de ley, la consecuencia indirecta es una mayor incertidumbre para las empresas y los inversores. Esto seguirá impulsando tanto una desaceleración económica en EE.UU. que será más prolongada de lo previsto, como una erosión del excepcionalismo estadounidense al que los mercados están acostumbrados desde hace varios años.